OBEDIENCIA AL DERECHO: Los malos ejemplos
Por Gregorio Peces Barbas.
Para el respeto al Derecho corren malos tiempos. Quizás es uno de los peores datos sobre la salud política y para el ejemplo de los ciudadanos. Ejemplos de hipocresía, de descaro y de oportunismo con mensajes directos de altos dirigentes políticos proliferan por doquier y marcan con mucha frecuencia comportamientos destacados en el Gobierno, en la oposición y en muchas comunidades autónomas, especialmente del Partido Popular. Desde nuestra Carta Magna, en su artículo 9, se establece en ese sentido una obligación jurídica general para los ciudadanos y los poderes públicos, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Es un deber incondicionado, una exigencia ilimitada para LAS INSTITUCIONES Y PARA LAS AUTORIDADES, que sólo tiene un resquicio individual muy restrictivo y que necesita refrendo legal o judicial al más alto nivel con la objeción de conciencia. No cabe objeción de conciencia colectiva ni tampoco fomentar esa objeción por las autoridades. Es lamentable tener que recordar lo obvio y mucho más que el mal ejemplo y los mensajes vengan de quienes tienen esa obligación mayor de respeto.
Toda teoría general debe concretarse con ejemplos, para vergüenza de quienes los representan, para sonrojo de los ciudadanos cumplidores, y con daños irreparable para la educación cívica de los más jóvenes.El caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es paradigmático, con la llamada generalizada de muchos políticos catalanes al desconocimiento o a la desobediencia y con la pintoresca toma de posición del Presidente del Gobierno y de su vicepresidenta primera de buscar de buscar arreglos para burlar la sentencia. Comprendo –dice Peces Barba- que la necesidad de conseguir mayorías suficientes exige esfuerzos y sacrificios, pero nunca de debe llegar a proponer la violación de la Constitución. Lamenta el profesor que esas voces lleguen del Partido Socialista, porque no es ni normal ni habitual. Por eso debe de reprocharse con más dureza.
En el Partido Popular, la desobediencia tiene forma directa, y supone la suspensión de la obediencia mientras se recurre al Tribunal Constitucional o se hace resistencia pasiva y se acata pero no se cumple. Los ejemplos son infinitos:
- Ley de dependencia.
- Rechazo a la entrega de ordenadores a los estudiantes de centros públicos a partir de 4º, de primaria.
- Rechazo a la Orden del Ministerio de Cultura, en Valencia que prohibió, la demolición de las casas en la zona declarada como bien de interés cultural del barrio del Cabanyal.
- Rechazo de la señora Aguirre al cumplimiento de la Ley del tabaco.
- Rechazo de o tergiversación del sentido de la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, entre otros. Los recursos al Tribunal Constitucional sólo durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero suman 35.
En el colmo del descaro, Mariano Rajoy ha afirmado que los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se harán cuando convenga al P.P. La obligación derivada de un deber general de cumplimiento ineludible se desprecia y se convierte en una razón de oportunidad, que vulgarmente significa: lo haremos cuando nos de la gana. ¿Es esa la respuesta de un jurista, Registrador de la Propiedad, que pretende presidir el Gobierno de España?. Como profesor de Teoría del Derecho le habría suspendido sin dudar un instante. Transmite falta de categoría, ignorancia de las consecuencias de esa afirmación, maquiavelismo barato, picaresca y carencia de grandeza. Habla poco y cuando lo hace se retrata.
El Presidente de Murcia, que quizá sea jurista aunque no lo parece, responde a la entrada en vigor de la Ley del Aborto con un sinsentido porque considera que no obliga, puesto que está pendiente de recurso de inconstitucionalidad. Sustituye y enmienda el propio Tribunal, al declarar la suspensión de la aplicación de manera unilateral. Al ignorar indebidamente la obligación de cumplimiento, transmite a todos sus subordinados y funcionarios un mensaje de desobediencia generalizada. Entre la ignorancia y la mala fe se producen daños irreparables al imperio del Derecho. Ni Rajoy ni nadie responsable del P.P., le ha desautorizado. Otra perla que no se sabe si atribuirla a la ignorancia, a la maldad o al todo vale contra el PSOE, es la de Esperanza Aguirre, apoyada por si Consejero de Sanidad, Fernández, cuando afirman que van a fomentar la objeción de conciencia de médicos y enfermeras.
La objeción de conciencia es una opción individual y de la misma forma que no se puede dificultar ni impedir por las autoridades, tampoco se puede impulsar o aconsejar. Es un comportamiento contra legem que sólo se ampara por autoridades que hagan dejación de sus funciones y propongan empujar a decisiones que sólo pueden tener un origen en la conciencia individual. En ese sentido, conviene subrayar en buen ejemplo que en estos casos ofrece el Gobierno de Castilla y León, una Administración del P.P., juiciosa y prudente.
Y los apoyos espirituales los ofrece, como siempre, la Iglesia institucional, que olvidando sus propias carencias, jalea estas actitudes y las justifica, santificándolas. Como siempre al rescate de las tesis más ultra, el obispo Martínez Camino ha afirmado que es una norma incompatible con la recta conciencia moral, en particular la católica. Es como si estuviéramos en la Edad Media y como si la Iglesia tuviera la suprema palabra. Felizmente, hoy la última palabra la tienen los ciudadanos, las instituciones democráticas, los principios, los valores y los derechos. Son los dioses de nuestro tiempo.
Un placer señor PROFESOR.
Joaquín Nogueras Alba.
